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En el inicio de las extraordinarias, el oficialismo intensifica negociaciones para reunir los votos necesarios que le permitan avanzar con su paquete de proyectos.
Protestas contra la reforma laboral en diciembre de 2017.
El Congreso retomará su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias, con una agenda cargada y el oficialismo enfocado en acelerar negociaciones para aprobar la reforma laboral, que aparece como el eje central del temario, junto con la iniciativa de Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares y el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En el caso de la reforma laboral, si bien el proyecto ya cuenta con dictamen en comisión en el Senado, el respaldo político todavía no está garantizado en los términos en que fue redactado. Por ese motivo, desde el Gobierno y sus aliados intensificaron las conversaciones contrarreloj para sumar apoyos y evitar modificaciones que compliquen su aprobación en el recinto.
Reforma laboral: el eje de las extraordinarias
El paquete de cambios en la legislación laboral es considerado por el Ejecutivo como la iniciativa clave del período. Desde la administración libertaria sostienen que la reforma permitirá «generar empleo registrado y reducir la judicialización de los conflictos laborales». Con ese objetivo, funcionarios y referentes del oficialismo se desplegaron en distintas provincias y mantuvieron reuniones con legisladores y gobernadores para asegurar acompañamiento.
En el tramo final de las negociaciones, los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron esta semana en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli. A pesar de no estar presente, Hugo Passalacqua (Misiones) es otro alfil del león.
Allí plantearon la necesidad de una compensación por la pérdida de recursos coparticipables que, según advirtieron, generarán las modificaciones al Impuesto a las Ganancias incluidas en el proyecto.
Régimen Penal Juvenil: apoyos condicionados
A la par de la reforma laboral, el gobierno nacional volvió a poner en agenda el proyecto de Régimen Penal Juvenil, luego de haber postergado su tratamiento para concentrarse en el capítulo laboral. La decisión de incluirlo en las extraordinarias de febrero abrió un nuevo foco de tensión con los bloques aliados, que mantienen reparos sobre el texto propuesto.
Desde el PRO señalaron que su posición es fijar la edad de imputabilidad en los 14 años, mientras que en la UCR advirtieron que insistir con los 13 años podría romper los consensos alcanzados durante el año pasado. En ambos espacios sostienen que reabrir la discusión implicaría volver a un escenario de negociaciones inciertas, lo que vuelve a colocar al oficialismo ante una disyuntiva ya conocida en torno a este proyecto.
Tras los incendios en la Patagonia, buscan cambios en la Ley de Glaciares
La iniciativa redefine el concepto de «ambiente periglacial» y limita la protección a aquellos glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua.
El proyecto también transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar cuáles son las zonas alcanzadas por el régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares para identificar los espacios comprendidos en la normativa.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea
Finalmente, los legisladores deberán abordar el acuerdo de libre comercio firmado el 9 de enero entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado contempla la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones entre ambos bloques, con períodos de transición de hasta 15 años para productos considerados sensibles.
Para el Mercosur, el acuerdo implica mayores cuotas de exportación de productos agropecuarios hacia Europa, mientras que para la Unión Europea supone una mejora en el acceso al mercado sudamericano para bienes industriales como autos, autopartes, maquinaria, productos químicos, vinos y quesos.